Durante el debate presidencial Myriam Bregman del PTS-FITU denunció la política del Estado de Israel por ser de “ocupación y apartheid contra el pueblo palestino”. Casi inmediatamente fue acusada de antisemita y filo nazi por casi todo el arco político burgués y por los periodistas de los grandes medios. Además de recibir el cargo de “ignorante”, “cruel” e “ideológicamente fanatizada”.
Pues bien, el hecho es que hace ya más de dos años la ONG israelí B’Tselem estableció lo mismo que dijo Bregman: que existe un régimen de apartheid en Israel. Y antes lo había determinado una Comisión de la ONU, así como organizaciones civiles palestinas. Dedicamos esta nota a estos informes.
El Informe de B’Tselem
El documento de B’Tselem, “Una supremacía judía desde el río Jordán hasta el Mediterráneo: es apartheid» (véase aquí), fue publicado el 12 de enero de 2021. B’Tselem es el Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados. Nació en febrero de 1989. Por entonces el ejército israelí reprimía a la Primera Intifada (311 palestinos fueron asesinados solo en 1988, según B’Tselem). En lo que sigue reseño y cito partes del documento.
B’Tselem plantea que el régimen israelí establece en todos los territorios que controla (los que están bajo soberanía territorial israelí, Jerusalén Este, Franja de Gaza y Cisjordania) un régimen apartheid. El principio organizador que está en la base de la vasta colección de políticas israelíes: el avance y la perpetuación de la supremacía de un grupo – el judío- sobre el otro –los palestinos. Por eso B’Tselem rechaza la percepción más o menos extendida de que Israel es una democracia (dentro de la Línea Verde), que paralelamente sostiene una ocupación militar temporaria. Después de considerar la acumulación de políticas y leyes que Israel dispuso para consolidar su control sobre los palestinos, B’Tselem llega a la conclusión de que el de Israel es un régimen de apartheid.
La principal herramienta que Israel utiliza para implementar el principio de la supremacía judía es produciendo el espacio geográfica, demográfica y políticamente. Esto es, los judíos desarrollan sus vidas en un espacio único y continuo, en el cual gozan de plenos derechos y autodeterminación. En contraste, los palestinos viven en un espacio que está fragmentado en varias unidades, cada una con un diferente conjunto de derechos –dados o negados por Israel, pero siempre inferior a los derechos acordados a los judíos. El régimen israelí lleva adelante este principio organizador en cuatro áreas principales:
Tierra. Israel opera para judaizar toda el área, tratando a la tierra como un recurso destinado a beneficiar a la población judía. Desde 1948 se ha apropiado de más del 90% de la tierra dentro de la Línea Verde y ha construido cientos de comunidades para la población judía. Desde 1967 ha aplicado esta política en Cisjordania, construyendo más de 280 asentamientos para unos 600.000 ciudadanos judíos israelíes. En contrapartida, no ha construido una sola comunidad para la población palestina en toda el área que se extiende desde el mar Mediterráneo y el río Jordán (con la excepción de algunas comunidades construidas para concentrar a la población beduina, después de desposeerla de casi todos los derechos de propiedad).
Ciudadanía. Los judíos que viven en cualquier lugar del mundo, sus hijos y nietos, y sus esposas, tienen derecho a la ciudadanía israelí. En cambio, los palestinos no pueden migrar a las áreas controladas por Israel, incluso si ellos, sus padres o sus abuelos, han nacido y vivido allí. Israel dificulta a los palestinos que viven en alguna de las unidades que controla obtener status en otra; y ha aprobado una legislación que prohíbe garantizar el status dentro de la Línea Verde a los palestinos que se casan con israelíes
Libertad de movimiento: los ciudadanos israelíes gozan de libertad de movimiento en toda el área controlada por Israel (con la excepción de la Franja de Gaza) y pueden entrar y salir del país libremente. Los palestinos están obligados a pedir a Israel un permiso especial para viajar entre las unidades (y a veces dentro de ellas); la salida al exterior también requiere la aprobación israelí.
Participación política. Los ciudadanos palestinos de Israel pueden votar y presentarse como candidatos. Sin embargo, los líderes políticos socavan consistentemente la legitimidad de los representantes políticos palestinos. Los aproximadamente cinco millones de palestinos que viven en los territorios ocupados, incluyendo Jerusalén Oriental, no pueden participar en el sistema político que gobierna sus vidas y determina su futuro. También se les niega otros derechos políticos, incluyendo la libertad de expresión y asociación.
En toda el área el control sobre estos aspectos de la vida está en manos de Israel. El Estado israelí es el único que lleva el registro de la población, la asignación de tierras, las listas de votantes; y el derecho (o su negación) a viajar dentro, entre o a salir de cualquier parte del área. El régimen israelí se ha vuelto cada vez más explícito en relación a su ideología supremacista judía, un proceso que ha tenido dos hitos principales y reveladores en los últimos años. Uno fue la promulgación de la Ley Básica: Israel, el Estado nación del pueblo judío, declara la distinción entre judíos y no judíos fundamental y legítima, y permite la discriminación institucional en la gestión de la tierra y el desarrollo, alojamiento, ciudadanía, lenguaje y cultura. El segundo hito vino en la forma de pronunciamientos oficiales con respecto a la anexión formal de más partes de Cisjordania, dando prueba de las intenciones de largo plazo de Israel y desacreditando la pretendida “ocupación temporaria”.
B’Tselem subraya que la ocupación militar no ha terminado. Presentar a Israel como una “democracia” de un lado de la Línea Verde, al tiempo que ocupa “temporalmente” a millones de personas en el otro lado, está divorciado con la realidad. Pasa por alto que este estado de cosas ha permanecido por más de 50 años, y no toma en consideración los cientos de miles de colonos judíos que viven al este de la Línea Verde. Pasa por alto la anexión de-jure de Jerusalén Este, y la anexión de facto del resto de Cisjordania. Estos hechos llevan a la conclusión de que no hay dos regímenes paralelos, sino un único régimen que gobierna toda el área y a toda la población que vive en ella.
El informe de la UN-ESCWA de 2017
Reseñamos ahora el informe de la UN Economic and Social Commission for West Africa (ESCWA), de 2017, “Israeli Practices towards the Palestinian People and the Question of Apartheid”, Beirut. ESCWA es una comisión regional bajo jurisdicción de la ONU, compuesta por 20 Estados miembros de todas las regiones de África del Norte y de Medio Oriente, con excepción de Israel.
Los autores del Informe fueron Richard Talk, de la Universidad de Yale e investigador de Orfalea Center of Global and International Studies, Universidad de California. De 2008 a 2014 fue relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967. Y Virginia Titley, profesora de ciencia política en Southern Illinois University. Reseñamos-citamos partes del Informe.
Esencialmente, el reporte dice que Israel ha establecido un régimen de apartheid que domina al pueblo palestino como una totalidad. Especifica que “el crimen del apartheid” significa actos inhumanos cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión sistemática y dominación por parte de un grupo racial sobre cualquier otro grupo racial o grupos raciales, con la intención de mantener tal régimen. Se entiende a la “raza” como una construcción social e histórica. Por eso, no se trata de si las identidades judía y palestina son “raciales”, sino si esas identidades funcionan como grupos raciales en el entorno local de Israel y Palestina.
El Informe presenta como caso característico de apartheid israelí su política sobre la tierra. Por un lado, porque la Ley Básica Israelí (la Constitución) mandata que la tierra tenida por el Estado de Israel no deberá ser transferida, de ninguna manera. Por otro lado, porque La Autoridad Israelí de Tierras administra la tierra estatal, que comprende el 93% de la tierra dentro de las fronteras reconocidas internacionalmente, y por ley la tierra está cerrada al uso, desarrollo o propiedad de los no judíos. Una situación que, además, legalmente no puede ser cambiada.
La ingeniería demográfica también sirve para mantener a Israel como un Estado judío; la ley confiere a los judíos de cualquier lugar del mundo el derecho a entrar en Israel y obtener la ciudadanía israelí, sin importar sus países de origen ni si tienen vínculos con Israel – Palestina. A su vez, las agencias del Estado de Israel facilitan la inmigración de judíos y los ayudan en asuntos como el uso de la tierra y otras cuestiones. Por otro lado, la política israelí rechaza el retorno de cualquier refugiado palestino o exiliado al territorio bajo control de Israel (los refugiados y exilados totalizan unos seis millones de personas).
Dos atributos adicionales, propios de un régimen sistemático de dominación racial, deben estar presentes para calificar al régimen como una instancia de apartheid. El primero es la identificación de las personas oprimidas como pertenecientes a un “grupo racial” específico. La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial define la discriminación racial como cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en raza, color, descendencia, u origen étnico, que tiene el propósito o el efecto de nulificar o perjudicar el reconocimiento, goce o ejercicio en un pie de igualdad, de derechos humanos y libertades fundamentales en lo político, económico, social, cultural o cualquier otro campo de la vida pública. Sobre esta base el Informe considera que en el contexto geopolítico de Palestina, los judíos y palestinos pueden ser considerados “grupos raciales”.
La segunda característica se refiere a la delimitación y el carácter del grupo o grupos involucrados. El status de los palestinos como un pueblo facultado a ejercer el derecho a la autodeterminación ha sido legalmente establecido por la Corte Internacional de Justicia, en 2004. Sobre esa base, el Informe ESCWA examina el trato por parte de Israel hacia el pueblo palestino de conjunto, considerando las distintas circunstancias de la fragmentación geográfica y jurídica del pueblo palestino como una condición impuesta por Israel.
El Informe encuentra que la fragmentación estratégica del pueblo palestino es el método principal mediante el cual Israel impone un régimen de apartheid. La historia de guerra, partición, anexión de jure o de facto, y ocupación prolongada en Palestina ha llevado al pueblo palestino a estar dividido en diferentes regiones geográficas administradas por diferentes conjuntos de leyes. Esta fragmentación contribuye a estabilizar al régimen de dominación racial sobre los palestinos y a debilitar la voluntad y capacidad del pueblo palestino para montar una resistencia unificada y efectiva. Se despliegan distintos métodos, dependiendo de dónde viven los palestinos.
Desde 1967 los palestinos como pueblo han vivido en lo que el Informe refiere como los cuatro “dominios”. Ellos son: 1) La ley civil, con restricciones especiales para los palestinos que viven como ciudadanos en Israel. 2) La ley de residencia permanente que rige para los palestinos que viven en Jerusalén. 3) La ley militar que rige para los palestinos, incluyendo a aquellos de los campos de refugiados, en los que viven desde 1967, bajo condiciones de ocupación beligerante en Cisjordania y la Franja de Gaza. 4) La política para imposibilitar el retorno de los palestinos, sean refugiados o exilados, que viven fuera del territorio bajo control de Israel.
El dominio (1) comprende 1,7 millones de palestinos que son ciudadanos de Israel. Durante los primeros 20 años de existencia del país vivieron bajo ley marcial y al presente están sujetos a opresión sobre la base que no son judíos. Esta política se manifiesta en servicios inferiores, leyes restrictivas de zonificación y limitadas asignaciones presupuestarias a las comunidades palestinas; también en restricciones de empleos y oportunidades profesionales. Los partidos políticos palestinos pueden hacer campañas por reformas menores y mejor presupuesto, pero tienen constitucionalmente prohibido desafiar la legislación que mantiene el régimen racial. Los palestinos tienen el status de ciudadanos, pero no la nacionalidad, que es solo para los judíos. Derechos “nacionales” en la ley israelí significa derechos nacional-judíos.
El dominio (2) cubre aproximadamente 300.000 palestinos que viven en Jerusalén Este. Padecen discriminación en el acceso a la educación, cuidados de salud, empleo, residencia y derechos a la construcción de viviendas. También sufren las expulsiones y demoliciones de viviendas que sirven a la política israelí de “balance demográfico” en favor de los judíos residentes. Los palestinos de Jerusalén del Este están clasificados como “residentes permanentes”. Como tales, legalmente no tienen la posibilidad de oponerse a la ley israelí y al apartheid. Además, en tanto “extranjeros” la residencia en la tierra en que nacieron pasa a ser, antes que un derecho, un privilegio sujeto siempre a la posibilidad de revocación.
El dominio (3) es el sistema de ley militar impuesta sobre unos 4,6 millones de palestinos que viven en los territorios palestinos ocupados, 2,7 millones de ellos en Cisjordania y 1,9 millones en la Franja de Gaza. Los palestinos son gobernados por la ley militar, en tanto los 350.000 colonos judíos son gobernados por la ley civil israelí. Este régimen dual es indicativo de un régimen de apartheid, el cual se complementa con la administración racialmente discriminatoria de la tierra y el desarrollo por parte de las instituciones nacional judías, encargadas de administrar “la tierra del Estado” en interés de la población judía.
El dominio (4) se refiere a los millones de refugiados palestinos y exiliados involuntarios, la mayor parte de ellos en los países vecinos. Tienen prohibido volver a sus hogares en Israel y al territorio palestino ocupado. Israel defiende su rechazo del retorno de los palestinos con un lenguaje francamente racista: alega que los palestinos constituyen un “peligro demográfico” y que su retorno alteraría el carácter demográfico de Israel al punto de eliminar el Estado judío. La negación del derecho al retorno juega un rol esencial en el régimen de apartheid al asegurar que la población palestina en Palestina no crezca hasta el punto de amenazar el control militar de Israel sobre el territorio y/o proveer peso demográfico a los ciudadanos palestinos en Israel para demandar y obtener plenos derechos democráticos, y por lo tanto eliminando el carácter judío del Estado de Israel.
El Informe encuentra que, tomados de conjunto, los cuatro dominios constituyen un régimen comprehensivo que tiene como propósito asegurar el dominio sobre los no judíos bajo control de Israel. Concluye que el peso de la evidencia apoya más allá de toda duda razonable la proposición de que Israel es culpable de imponer un régimen de apartheid sobre el pueblo palestino, lo cual representa la comisión de un crimen contra la humanidad.
Reacción
La investigación de ESCWA enfureció a los gobiernos de Israel y EEUU. Ambos presionaron para que se retirara el informe. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, rápidamente se avino a la exigencia israelí y estadounidense. El informe fue borrado de la página web que contiene los reportes ESCWA; y el director de esta, el jordano Rima Khalaf, fue obligado a renunciar. Khalaf, además de crítico de la política israelí, lo había sido de los regímenes árabes.
Organizaciones civiles palestinas, 2019
En noviembre de 2019 ocho organizaciones palestinas civiles, regionales e internacionales, presentaron un informe conjunto al Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD por sus siglas en inglés) denunciando la comisión por parte de Israel del crimen de apartheid sobre el pueblo palestino de conjunto. De esta manera respaldó el informe de ESCWA de 2017. Estas organizaciones civiles presentaron pruebas detalladas del mantenimiento de Israel del apartheid sobre los palestinos a ambos lados de la Línea Verde y como refugiados y exiliados en el extranjero. Denunciaron la política israelí de fragmentación del pueblo palestino, a través de la persistente negación del retorno de los palestinos refugiados y la imposición de restricciones al movimiento, residencia y acceso a sitios, en particular los cierres de Jerusalén y Gaza y la negación de la unificación familiar. Por medio de estas políticas y prácticas Israel se ha asegurado que los palestinos de diferentes áreas no se puedan reunir, vivir juntos, compartir su cultura, y ejercer cualquier derecho colectivo, en especial la autodeterminación.
Dos consideraciones adicionales
En primer lugar, calificar como apartheid la política de Israel hacia los palestinos no es sinónimo de aprobar la matanza indiscriminada de civiles o soldados israelíes desarmados, o la toma de rehenes civiles.
En segundo término, es necesario subrayar el rol de las políticas de apartheid y limpieza étnica en la hora actual. El asesinato deliberado de civiles es un crimen de guerra. Esto es indudable. Pero también es un crimen de guerra la declaración de un asedio total a la Franja de Gaza, impidiendo la entrada de combustibles, alimentos, agua, energía, medicinas. Más precisamente, la hambruna es un crimen de guerra. Como también lo es el bombardeo masivo de la población civil. Para que se tenga dimensión de lo que se está desarrollando al momento de escribir estas líneas: la Franja de Gaza es un territorio de 43 kilómetros de largo y 10 kilómetros de ancho, en el que viven más de dos millones de personas, de los cuales casi la mitad son menores. Netanyahu prometió dejar en ruinas a Gaza. Su ministro de Defensa considera que “estamos luchando contra animales humanos”. Otro alto funcionario del gobierno promete que Gaza se convertirá “en una ciudad de tiendas de campaña”. La aviación israelí bombardea masiva e indiscriminadamente Gaza, y se le dice a la población que se mude a otro lugar. Pero no hay dónde ir. Ni dónde conseguir agua, alimentos, medicinas, electricidad. Es la bestialidad del apartheid en su máxima expresión.
Para terminar, tres coincidencias
Los periodistas y políticos que por estos días atacan a Myriam Bregman por su denuncia de lo que hace Israel, coinciden en tres puntos: a) defienden la política racista de Israel; b) niegan que sea apartheid; c) califican de nazi y antisemita a todo aquel que denuncie al régimen de Israel como lo que es. Desde el poder que les dan los grandes medios, ocultan y bloquean cualquier forma de debate argumentado con evidencia y razones. ¿Y las denuncias de B’Tselem, de ESCWA, de organismos palestinos de derechos humanos, de Myriam Bregma y un largo etcétera? Pues nada, “son antisemitas y nazis, también ignorantes, cuando no hijos de puta” (esto último a cargo del ilustrado Viale). A esto esta gente le llama “defensa de la democracia, la libertad y la cultura”.
ROLANDO ASTARITA
