miércoles, 8 de noviembre de 2023

Los sindicatos de Sanidad se dirigen al gobierno para exigir el inmediato alto fuego en Gaza y la ayuda humanitaria

 


Al Ministro de Sanidad, Sr. José Manuel Miñones Al Presidente del Gobierno, Sr. Pedro Sánchez

Los sindicatos abajo firmantes (con el apoyo de las plataformas vecinales defensoras de la sanidad pública), ante la situación que viven nuestros compañeros y compañeras en los hospitales de Gaza y en el transporte sanitario que a 1 de noviembre habían sufrido:

30 días de bombardeos

Más de 10.000 palestinos de Gaza asesinados por Israel e incontables heridos

124 trabajadores del sector de la salud asesinados por Israel

25 ambulancias destruidas y a 4 de noviembre, además toda una columna de ellas 74 infraestructuras médicas atacadas, incluidos 12 hospitales y 32 ambulatorios Sin electricidad, ni agua, ni combustible

Sin anestésicos, con una enorme escasez de medicamentos, funcionando muy por encima de sus capacidades. El compromiso con sus pacientes es incondicional y no los abandonan a pesar del riesgo de sus vidas

Exigimos:

- El fin inmediato del brutal asedio y bombardeo israelí de Gaza

- La entrada incondicional de ayuda médica, personal, alimentos y combustible en Gaza

- El compromiso del Gobierno de España para ofrecer apoyo material e institucional a los proveedores de servicios de salud de Gaza

- Detener la cooperación militar y el comercio con Israel

7 de noviembre de 2023

Y : Plataforma en defensa de la sanidad pública de Vallecas; Villaverde por la Sanidad Pública

                

Relación alfabética de firmantes :

Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM); Asociación Madrileña de Enfermería

CATAC-CTS-IAC. Candidatura Autònoma de Treballadores i Treballadors de l'Administració de Catalunya – Coordinadora de Treballadors i Treballadores de la Sanitat

Coordinadora de CGT ambulancies de Catalunya Corriente Sindical de Izquierda de Asturias, sector Salud;

FTC-IAC. Federació de Treballadores i treballadores de Catalunya – Intersindical Alternativa de Catalunya (Sanitat)

Infermeres de Catalunya

Intersindical Asturiana (INAST)

Intersindical Asturiana;

Intersindical-Salut, País Valencià

Movimiento Asambleario de Trabajadoras y trabajadores de Sanidad (MATS) Sindicato Andaluz de Trabajadores, SAT-Salud

Sindicato Asambleario de Sanidad-Intersindical Región Murciana;

Sindicato SUMMATE. Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid)

Y las plataformas:

Plataforma Afectados Hepatitis C

Plataforma para la defensa de la Sanidad Pública de Asturias; Plataforma para la defensa de la Sanidad Pública de Palencia; Plataforma en defensa de la sanidad pública de Vallecas Villaverde por la Sanidad Pública;

 

martes, 7 de noviembre de 2023

¿LA REBELDÍA SE VOLVIÓ DE DERECHAS?

Tomo prestado el título de un excelente libro del escritor argentino Pablo Stefanoni. Un libro que explica porqué la extrema derecha en todo el mundo aparece como la anti corrección y la izquierda como el orden.  Lo que voy a contar se refiere a España en estas fechas, pero no son unos hechos aislados. El nacionalismo reaccionario, las extremas derechas o, como le queramos llamar, están teniendo un efecto contagio.


En España,  la demagogia populista está en alza y tomando las calles para protestar contra la ley de Amnistía. Decenas de miles de personas de todas las clases sociales y edades han salido y saldrán contra lo que los líderes del PP y VOX llaman "el golpe de estado" de Sánchez y los independentistas. 


La estrategia desestabilizadora no es nueva. Es tan vieja como el conflicto social. Los proyectos políticos impugnadores -aunque sean de extrema derecha- necesitan una base social. Igual que los fascismos del siglo anterior.  Por eso, en un reciente artículo, me referí a los nacionalismos o populismos de extrema derecha, como los nuevos fascismos del siglo XXI. Lo de menos es el nombre, lo importante es comprender que, aunque no son proyectos formados, están en transición hacia nuevas formas de dominación política basadas en un fanatismo irracional que, por ejemplo, niega el cambio climático, la igualdad de las mujeres y señalan el multiculturalismo como al enemigo a batir. Es lo que está pasando en media Europa, Estados Unidos, Brasil y ahora en Argentina.


Entre 2020 y 2021 asistimos en España a otra ofensiva  reaccionaria con las críticas  de Isabel Díaz Ayuso  a las medidas anti COVID. Defensora de la Libertad y la Individualidad solo pretendía captar el malestar de la juventud , el pequeño negocio o los empresarios por las restricciones necesarias.  Ayuso situó el falso conflicto entre la Libertad y el Estado en medio de una pandemia mundial que a la humanidad le costó, al menos, 6,3 millones de fallecidos y una crisis económica y social global.


Las negociaciones para la investidura de Sánchez nos han traído el retorno trumpista (ahora multiplicado). En esta ocasión de la mano de un triunvirato: Ayuso, Feijoo y Abascal. El objetivo es deslegitimar  el resultado del 23 J con dos nuevas consignas: Democracia  e Igualdad.  Apelan a que nadie ha votado la Amnistía y que, con ésta, todas las ciudadanas y ciudadanos dejamos de ser iguales ante la ley.  Queda así culminado su relato: las derechas son ahora las que nos defienden del Estado autoritario ¡ Libertad, Igualdad y Democracia! Si Voltaire levantará la cabeza.


Pero haríamos muy mal en subestimar a las derechas por más que nos parezcan ridículos sus argumentos.  En mi opinión, una parte, cada vez mayor, de la sociedad se está impregnando peligrosamente. Recordemos que en el año 2016, un payaso excéntrico, supremacista y multimillonario llegó a presidente de los EEUU derrotando a Hillary Clinton.


Y aquí el mensaje. Si las derechas intentan hacerse con el legado histórico de las izquierdas, es porque éstas -una vez que tocan poder o incluso mucho antes- han dejado la calle. El Estado se convierte en el único instrumento de transformación (gobernar no es sólo utilizar el BOE, es sobretodo, apelar a todos los mecanismos democráticos) ¿ La izquierda se está volviendo cada vez más estatalista? Yo creo que sí.


Es desalentador escuchar a periodistas de izquierdas recriminar a las derechas porque están tomando las calles. El mundo al revés ¡ Que lejos nos queda el 15M! Acostumbrado a estar delante de los antidisturbios, me resulta extraño comprobar, que algunos se sienten  mejor detrás.


Jesús J.


lunes, 23 de octubre de 2023

Por una Osakidetza 100% pública. No al desmantelamiento de la sanidad pública y a la colaboración público-privada

 


Jose Ignacio Martinez y Mireia Saiz

Pensionista y Promotora de Igualdad, miembros de la Plataforma BOPA (Barakaldo Osasungintza Publikoaren Alde) y OPA Herri Plataformak (Coordinadora de Plataformas Ciudadanas en defensa de la Sanidad Pública de Euskadi)

 

En estos días, dos personas que pertenecen a la dirección de Osakidetza integradas en la asociación SEDISA (Sociedad Española de Directivos de la Salud) han realizado una entrevista a doble página en un medio de comunicación de gran difusión, defendiendo la gestión de Osakidetza. 

Curiosamente, a lo largo de la entrevista, no nombran la sanidad pública, aunque los dos gestores entrevistados ostentan cargos importantes de responsabilidad en Osakidetza (subdirectora de calidad y gerente de la OSI de Galdakao). Quizás la explicación esté en que la asociación SEDISA, a la que representan, sea una fundación con mucha participación de gestores de la sanidad privada y la industria farmacéutica, por lo que en todo su discurso flota esa idea tan en boga hoy en día de la colaboración público-privada como paradigma de eficacia y modernidad.

Un ejemplo es la decisión de Osakidetza de derivar cientos de pacientes a la sanidad privada para paliar unas listas de espera disparadas. Medida que debilita la sanidad pública tanto por desviar gran cantidad de dinero público, el de todos y todas, a clínicas y hospitales privados que solo buscan el beneficio y hacer negocio con nuestra salud, como porque conllevará un mayor gasto para las arcas públicas que si las intervenciones y pruebas se realizaran con medios y personal propios. El problema de las listas de espera no se soluciona concertando con la privada sino reforzando la sanidad pública. 

Al igual que el lehendakari Iñigo Urkullu y la Consejera de Salud Gotzone Sagardui, estas personas directivas no aceptan que uno de los problemas de la sanidad pública es su infrafinanciación. En la CAV, para poder atender las necesidades crecientes de una sociedad envejecida, con un aumento de las cronicidades y de pacientes con pluripatologías y cuidados más complejos, se necesita incrementar el presupuesto sanitario en 1678 millones de euros; cantidad con la que nos equipararíamos a países del entorno cercano con similar capacidad económica a la nuestra. Además, es necesario incorporar la perspectiva de género y el enfoque social y comunitario para reestructurar el sistema sanitario y redistribuir los recursos, que ponga a la Atención Primaria en el centro del sistema, incrementando su presupuesto del 14% actual al 25% del presupuesto sanitario, como recomiendan la OMS y numerosas sociedades médicas, lo que mejoraría los niveles de salud de la población. No podemos olvidar que atiende el 80% de las necesidades de salud de la población y que debe ser la herramienta fundamental para garantizar una atención sanitaria integral para todas las personas; que además de calidad asistencial, también sea el motor de un modelo de sanidad comunitaria, con perspectiva social, de género, basada en la prevención y en la promoción de la salud.

Los representantes de SEDISA reconocen la importancia de la Atención Primaria, pero no abordan los problemas de fondo, los problemas estructurales que padece. Entre otros, que se han ido perdiendo valores importantes-esenciales de la Atención Primaria y la Medicina de Familia como, por ejemplo, la accesibilidad, es decir, garantizar que cada persona, cada demanda, cada necesidad sea atendida en tiempo y de la forma que precisen; o la longitudinalidad, la continuidad de ser atendido por un mismo profesional, hoy imposible debido a la altísima temporalidad del sector, por encima del 50%. O que sea una quimera cualquier intento de llevar adelante planes de prevención o de fomento de la salud, o de actuar sobre los determinantes de la salud.

Nos hablan de mejorar la relación entre los usuarios/as y el personal sanitario, pero, inmediatamente, recomiendan avanzar en la asistencia no presencial («en diferido», según la Consejera Sagardui) por medio de herramientas tecnológicas que, además de disminuir la calidad asistencial, aumentan la brecha digital, desplazando del sistema público a personas vulnerables. Es evidente que la atención presencial es fundamental para realizar un buen diagnóstico y seguimiento del paciente. Sin embargo, tras la pandemia, la atención telefónica se ha incrementado y priorizado en detrimento de la atención presencial.

A lo largo de la entrevista es imposible encontrar una sola crítica a la gestión realizada por el Gobierno Vasco que ha conducido a la sanidad pública al borde del colapso, con listas de espera inaceptables, al mismo tiempo que viene produciéndose un auge de la sanidad y seguros privados. Dinámica que avanza hacia el modelo neoliberal de EEUU, que es mucho más caro, ofrece peores niveles de salud y crea un sistema fragmentado, clasista y dual: uno para ricos y otro para pobres y ancianos.

Para los directivos entrevistados, en Osakidetza los problemas parecen caídos del cielo y los asumen como algo natural, obviando que forman parte de un plan diseñado para desmantelar la sanidad pública, en cuyo diseño han participado, en calidad de directivos. Entre otros, en el Plan Estratégico de Osakidetza 2023/2025 o en la creación de Unidades de Gestión Clínica, auténtico Caballo de Troya para privatizar la sanidad pública.

Por otra parte, para hacer frente a la situación de «falta de médicos y médicas» y para garantizar la seguridad del paciente, dicen, proponen medidas ya expuestas por la Consejera de Salud y que formaban parte de un estudio pagado con más de 40.000 euros de dinero público a la empresa-consultora privada Grant Thornton especializada en realizar propuestas para allanar el camino a la privatización de la sanidad pública. Por cierto, empresa en la que ha colaborado la actual Directora Gerente del Hospital Cruces. Desplazarse con más frecuencia a otras localidades para recibir atención, desarrollo de la atención telefónica e implantación de consultas telemáticas, formaban ya parte de aquel eufemístico «cambio cultural en nuestra relación con los servicios sanitarios» que tanto revuelo provocó el verano pasado. 

Nos hablan de su preocupación por garantizar la seguridad del paciente, pero todos y todas sabemos que actualmente crecen los centros sanitarios sin personal médico, atendidos solamente por personal de enfermería, deteriorando la calidad asistencial con el consiguiente riesgo para la seguridad de las personas usuarias, como ha evidenciado el reciente caso de Plentzia. 

Proponen medidas para profesionalizar la labor de los cargos directivos, dotándoles de herramientas economicistas, de libre mercado, para gestionar la sanidad pública. Medidas ya formuladas en el "Plan Osasuna Zainduz de Iñaki Azkuna", en la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, que introduce el "Contrato Programa" o en las citadas Unidades de Gestión Clínica de Rafael Bengoa y que introdujeron criterios de gestión como la competitividad entre centros, la reducción de costes, la figura del «cliente», la sanidad como negocio y no como un derecho fundamental, el clientelismo (recordemos las denuncias sindicales por las irregularidades en las OPEs), el empeoramiento de las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores, o el cobro de incentivos por resultados logrados que solo buscan el ahorro económico en detrimento de la calidad a través de reducir la estancia hospitalaria, por reducir el número de usuarios y usuarias que se derivan a la Atención Especializada desde el Centro de Salud, o la reducción de los ingresos en las urgencias hospitalarias.

Nos quieren robar la Sanidad Pública, para entregarla a empresas privadas que solo buscan la rentabilidad económica. Por ello, llamamos a toda la ciudadanía y a las organizaciones sociales a sumarse a la manifestación del 11 de noviembre para defender una sanidad 100% pública, y exigir al Gobierno Vasco, al PNV y al PSE-EE que paralicen sus políticas de desmantelamiento y privatización, también hacemos un llamamiento a sumarse a la Huelga General Feminista del próximo 30 de noviembre en defensa de un sistema de cuidados público-comunitario.


sábado, 14 de octubre de 2023

Myriam Bregman tiene razón: es apartheid

Durante el debate presidencial Myriam Bregman del PTS-FITU denunció la política del Estado de Israel por ser de ocupación y apartheid contra el pueblo palestino. Casi inmediatamente fue acusada de antisemita y filo nazi por casi todo el arco político burgués y por los periodistas de los grandes medios. Además de recibir el cargo de ignorantecruel” ideológicamente fanatizada.

Pues bien, el hecho es que hace ya más de dos años la ONG israelí BTselem estableció lo mismo que dijo Bregman: que existe un régimen de apartheid en Israel. Y antes lo había determinado una Comisión de la ONU, así como organizaciones civiles palestinas. Dedicamos esta nota a estos informes.

El Informe de BTselem

El documento de BTselem, Una supremacía judía desde el río Jordán hasta el Mediterráneo: es apartheid» (véase aquí), fue publicado el 12 de enero de 2021. BTselem es el Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados. Nació en febrero de 1989. Por entonces el ejército israelí reprimía a la Primera Intifada (311 palestinos fueron asesinados solo en 1988, según BTselem). En lo que sigue reseño y cito partes del documento.

BTselem plantea que el régimen israelí establece en todos los territorios que controla (los que están bajo soberanía territorial israelí, Jerusalén Este, Franja de Gaza y Cisjordania) un régimen apartheid. El principio organizador que está en la base de la vasta colección de políticas israelíes: el avance y la perpetuación de la supremacía de un grupo – el judío- sobre el otro los palestinos. Por eso BTselem rechaza la percepción más o menos extendida de que Israel es una democracia (dentro de la Línea Verde), que paralelamente sostiene una ocupación militar temporaria. Después de considerar la acumulación de políticas y leyes que Israel dispuso para consolidar su control sobre los palestinos, BTselem llega a la conclusión de que el de Israel es un régimen de apartheid.

La principal herramienta que Israel utiliza para implementar el principio de la supremacía judía es produciendo el espacio geográfica, demográfica y políticamente. Esto es, los judíos desarrollan sus vidas en un espacio único y continuo, en el cual gozan de plenos derechos y autodeterminación. En contraste, los palestinos viven en un espacio que está fragmentado en varias unidades, cada una con un diferente conjunto de derechos dados o negados por Israel, pero siempre inferior a los derechos acordados a los judíos. El régimen israelí lleva adelante este principio organizador en cuatro áreas principales:  

Tierra. Israel opera para judaizar toda el área, tratando a la tierra como un recurso destinado a beneficiar a la población judía. Desde 1948 se ha apropiado de más del 90% de la tierra dentro de la Línea Verde y ha construido cientos de comunidades para la población judía. Desde 1967 ha aplicado esta política en Cisjordania, construyendo más de 280 asentamientos para unos 600.000 ciudadanos judíos israelíes. En contrapartida, no ha construido una sola comunidad para la población palestina en toda el área que se extiende desde el mar Mediterráneo y el río Jordán (con la excepción de algunas comunidades construidas para concentrar a la población beduina, después de desposeerla de casi todos los derechos de propiedad).

Ciudadanía. Los judíos que viven en cualquier lugar del mundo, sus hijos y nietos, y sus esposas, tienen derecho a la ciudadanía israelí. En cambio, los palestinos no pueden migrar a las áreas controladas por Israel, incluso si ellos, sus padres o sus abuelos, han nacido y vivido allí. Israel dificulta a los palestinos que viven en alguna de las unidades que controla obtener status en otra; y ha aprobado una legislación que prohíbe garantizar el status dentro de la Línea Verde a los palestinos que se casan con israelíes 

Libertad de movimiento: los ciudadanos israelíes gozan de libertad de movimiento en toda el área controlada por Israel (con la excepción de la Franja de Gaza) y pueden entrar y salir del país libremente. Los palestinos están obligados a pedir a Israel un permiso especial para viajar entre las unidades (y a veces dentro de ellas); la salida al exterior también requiere la aprobación israelí.  

Participación política. Los ciudadanos palestinos de Israel pueden votar y presentarse como candidatos. Sin embargo, los líderes políticos socavan consistentemente la legitimidad de los representantes políticos palestinos. Los aproximadamente cinco millones de palestinos que viven en los territorios ocupados, incluyendo Jerusalén Oriental, no pueden participar en el sistema político que gobierna sus vidas y determina su futuro. También se les niega otros derechos políticos, incluyendo la libertad de expresión y asociación.

En toda el área el control sobre estos aspectos de la vida está en manos de Israel. El Estado israelí es el único que lleva el registro de la población, la asignación de tierras, las listas de votantes; y el derecho (o su negación) a viajar dentro, entre o a salir de cualquier parte del área. El régimen israelí se ha vuelto cada vez más explícito en relación a su ideología supremacista judía, un proceso que ha tenido dos hitos principales y reveladores en los últimos años. Uno fue la promulgación de la Ley Básica: Israel, el Estado nación del pueblo judío, declara la distinción entre judíos y no judíos fundamental y legítima, y permite la discriminación institucional en la gestión de la tierra y el desarrollo, alojamiento, ciudadanía, lenguaje y cultura. El segundo hito vino en la forma de pronunciamientos oficiales con respecto a la anexión formal de más partes de Cisjordania, dando prueba de las intenciones de largo plazo de Israel y desacreditando la pretendida ocupación temporaria.

BTselem subraya que la ocupación militar no ha terminado. Presentar a Israel como una democracia” de un lado de la Línea Verde, al tiempo que ocupa temporalmente” a millones de personas en el otro lado, está divorciado con la realidad. Pasa por alto que este estado de cosas ha permanecido por más de 50 años, y no toma en consideración los cientos de miles de colonos judíos que viven al este de la Línea Verde. Pasa por alto la anexión de-jure de Jerusalén Este, y la anexión de facto del resto de Cisjordania. Estos hechos llevan a la conclusión de que no hay dos regímenes paralelos, sino un único régimen que gobierna toda el área y a toda la población que vive en ella. 

El informe de la UN-ESCWA de 2017

Reseñamos ahora el informe de la UN Economic and Social Commission for West Africa (ESCWA), de 2017, Israeli Practices towards the Palestinian People and the Question of Apartheid, Beirut. ESCWA es una comisión regional bajo jurisdicción de la ONU, compuesta por 20 Estados miembros de todas las regiones de África del Norte y de Medio Oriente, con excepción de Israel.

Los autores del Informe fueron Richard Talk, de la Universidad de Yale e investigador de Orfalea Center of Global and International Studies, Universidad de California. De 2008 a 2014 fue relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967. Y Virginia Titley, profesora de ciencia política en Southern Illinois University. Reseñamos-citamos partes del Informe.

Esencialmente, el reporte dice que Israel ha establecido un régimen de apartheid que domina al pueblo palestino como una totalidad. Especifica que el crimen del apartheid” significa actos inhumanos cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión sistemática y dominación por parte de un grupo racial sobre cualquier otro grupo racial o grupos raciales, con la intención de mantener tal régimen. Se entiende a la raza” como una construcción social e histórica. Por eso, no se trata de si las identidades judía y palestina son raciales, sino si esas identidades funcionan como grupos raciales en el entorno local de Israel y Palestina.

El Informe presenta como caso característico de apartheid israelí su política sobre la tierra. Por un lado, porque la Ley Básica Israelí (la Constitución) mandata que la tierra tenida por el Estado de Israel no deberá ser transferida, de ninguna manera. Por otro lado, porque La Autoridad Israelí de Tierras administra la tierra estatal, que comprende el 93% de la tierra dentro de las fronteras reconocidas internacionalmente, y por ley la tierra está cerrada al uso, desarrollo o propiedad de los no judíos. Una situación que, además, legalmente no puede ser cambiada.

La ingeniería demográfica también sirve para mantener a Israel como un Estado judío; la ley confiere a los judíos de cualquier lugar del mundo el derecho a entrar en Israel y obtener la ciudadanía israelí, sin importar sus países de origen ni si tienen vínculos con Israel – Palestina. A su vez, las agencias del Estado de Israel facilitan la inmigración de judíos y los ayudan en asuntos como el uso de la tierra y otras cuestiones. Por otro lado, la política israelí rechaza el retorno de cualquier refugiado palestino o exiliado al territorio bajo control de Israel (los refugiados y exilados totalizan unos seis millones de personas).

Dos atributos adicionales, propios de un régimen sistemático de dominación racial, deben estar presentes para calificar al régimen como una instancia de apartheid. El primero es la identificación de las personas oprimidas como pertenecientes a un grupo racial” específico. La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial define la discriminación racial como cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en raza, color, descendencia, u origen étnico, que tiene el propósito o el efecto de nulificar o perjudicar el reconocimiento, goce o ejercicio en un pie de igualdad, de derechos humanos y libertades fundamentales en lo político, económico, social, cultural o cualquier otro campo de la vida pública. Sobre esta base el Informe considera que en el contexto geopolítico de Palestina, los judíos y palestinos pueden ser considerados grupos raciales.

La segunda característica se refiere a la delimitación y el carácter del grupo o grupos involucrados. El status de los palestinos como un pueblo facultado a ejercer el derecho a la autodeterminación ha sido legalmente establecido por la Corte Internacional de Justicia, en 2004. Sobre esa base, el Informe ESCWA examina el trato por parte de Israel hacia el pueblo palestino de conjunto, considerando las distintas circunstancias de la fragmentación geográfica y jurídica del pueblo palestino como una condición impuesta por Israel.

El Informe encuentra que la fragmentación estratégica del pueblo palestino es el método principal mediante el cual Israel impone un régimen de apartheid. La historia de guerra, partición, anexión de jure o de facto, y ocupación prolongada en Palestina ha llevado al pueblo palestino a estar dividido en diferentes regiones geográficas administradas por diferentes conjuntos de leyes. Esta fragmentación contribuye a estabilizar al régimen de dominación racial sobre los palestinos y a debilitar la voluntad y capacidad del pueblo palestino para montar una resistencia unificada y efectiva. Se despliegan distintos métodos, dependiendo de dónde viven los palestinos.

Desde 1967 los palestinos como pueblo han vivido en lo que el Informe refiere como los cuatro dominios. Ellos son: 1) La ley civil, con restricciones especiales para los palestinos que viven como ciudadanos en Israel. 2) La ley de residencia permanente que rige para los palestinos que viven en Jerusalén. 3) La ley militar que rige para los palestinos, incluyendo a aquellos de los campos de refugiados, en los que viven desde 1967, bajo condiciones de ocupación beligerante en Cisjordania y la Franja de Gaza. 4) La política para imposibilitar el retorno de los palestinos, sean refugiados o exilados, que viven fuera del territorio bajo control de Israel.

El dominio (1) comprende 1,7 millones de palestinos que son ciudadanos de Israel. Durante los primeros 20 años de existencia del país vivieron bajo ley marcial y al presente están sujetos a opresión sobre la base que no son judíos. Esta política se manifiesta en servicios inferiores, leyes restrictivas de zonificación y limitadas asignaciones presupuestarias a las comunidades palestinas; también en restricciones de empleos y oportunidades profesionales. Los partidos políticos palestinos pueden hacer campañas por reformas menores y mejor presupuesto, pero tienen constitucionalmente prohibido desafiar la legislación que mantiene el régimen racial. Los palestinos tienen el status de ciudadanos, pero no la nacionalidad, que es solo para los judíos. Derechos nacionales” en la ley israelí significa derechos nacional-judíos.

El dominio (2) cubre aproximadamente 300.000 palestinos que viven en Jerusalén Este. Padecen discriminación en el acceso a la educación, cuidados de salud, empleo, residencia y derechos a la construcción de viviendas. También sufren las expulsiones y demoliciones de viviendas que sirven a la política israelí de balance demográfico” en favor de los judíos residentes. Los palestinos de Jerusalén del Este están clasificados como residentes permanentes. Como tales, legalmente no tienen la posibilidad de oponerse a la ley israelí y al apartheid. Además, en tanto extranjeros” la residencia en la tierra en que nacieron pasa a ser, antes que un derecho, un privilegio sujeto siempre a la posibilidad de revocación. 

El dominio (3) es el sistema de ley militar impuesta sobre unos 4,6 millones de palestinos que viven en los territorios palestinos ocupados, 2,7 millones de ellos en Cisjordania y 1,9 millones en la Franja de Gaza. Los palestinos son gobernados por la ley militar, en tanto los 350.000 colonos judíos son gobernados por la ley civil israelí. Este régimen dual es indicativo de un régimen de apartheid, el cual se complementa con la administración racialmente discriminatoria de la tierra y el desarrollo por parte de las instituciones nacional judías, encargadas de administrar la tierra del Estado” en interés de la población judía.

El dominio (4) se refiere a los millones de refugiados palestinos y exiliados involuntarios, la mayor parte de ellos en los países vecinos. Tienen prohibido volver a sus hogares en Israel y al territorio palestino ocupado. Israel defiende su rechazo del retorno de los palestinos con un lenguaje francamente racista: alega que los palestinos constituyen un peligro demográfico” y que su retorno alteraría el carácter demográfico de Israel al punto de eliminar el Estado judío. La negación del derecho al retorno juega un rol esencial en el régimen de apartheid al asegurar que la población palestina en Palestina no crezca hasta el punto de amenazar el control militar de Israel sobre el territorio y/o proveer peso demográfico a los ciudadanos palestinos en Israel para demandar y obtener plenos derechos democráticos, y por lo tanto eliminando el carácter judío del Estado de Israel.

El Informe encuentra que, tomados de conjunto, los cuatro dominios constituyen un régimen comprehensivo que tiene como propósito asegurar el dominio sobre los no judíos bajo control de Israel. Concluye que el peso de la evidencia apoya más allá de toda duda razonable la proposición de que Israel es culpable de imponer un régimen de apartheid sobre el pueblo palestino, lo cual representa la comisión de un crimen contra la humanidad.

Reacción

La investigación de ESCWA enfureció a los gobiernos de Israel y EEUU. Ambos presionaron para que se retirara el informe. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, rápidamente se avino a la exigencia israelí y estadounidense. El informe fue borrado de la página web que contiene los reportes ESCWA; y el director de esta, el jordano Rima Khalaf, fue obligado a renunciar. Khalaf, además de crítico de la política israelí, lo había sido de los regímenes árabes.

Organizaciones civiles palestinas, 2019

En noviembre de 2019 ocho organizaciones palestinas civiles, regionales e internacionales, presentaron un informe conjunto al Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD por sus siglas en inglés) denunciando la comisión por parte de Israel del crimen de apartheid sobre el pueblo palestino de conjunto. De esta manera respaldó el informe de ESCWA de 2017. Estas organizaciones civiles presentaron pruebas detalladas del mantenimiento de Israel del apartheid sobre los palestinos a ambos lados de la Línea Verde y como refugiados y exiliados en el extranjero. Denunciaron la política israelí de fragmentación del pueblo palestino, a través de la persistente negación del retorno de los palestinos refugiados y la imposición de restricciones al movimiento, residencia y acceso a sitios, en particular los cierres de Jerusalén y Gaza y la negación de la unificación familiar. Por medio de estas políticas y prácticas Israel se ha asegurado que los palestinos de diferentes áreas no se puedan reunir, vivir juntos, compartir su cultura, y ejercer cualquier derecho colectivo, en especial la autodeterminación.

Dos consideraciones adicionales

En primer lugar, calificar como apartheid la política de Israel hacia los palestinos no es sinónimo de aprobar la matanza indiscriminada de civiles o soldados israelíes desarmados, o la toma de rehenes civiles.

En segundo término, es necesario subrayar el rol de las políticas de apartheid y limpieza étnica en la hora actual. El asesinato deliberado de civiles es un crimen de guerra. Esto es indudable. Pero también es un crimen de guerra la declaración de un asedio total a la Franja de Gaza, impidiendo la entrada de combustibles, alimentos, agua, energía, medicinas. Más precisamente, la hambruna es un crimen de guerra. Como también lo es el bombardeo masivo de la población civil. Para que se tenga dimensión de lo que se está desarrollando al momento de escribir estas líneas: la Franja de Gaza es un territorio de 43 kilómetros de largo y 10 kilómetros de ancho, en el que viven más de dos millones de personas, de los cuales casi la mitad son menores. Netanyahu prometió dejar en ruinas a Gaza. Su ministro de Defensa considera que estamos luchando contra animales humanos. Otro alto funcionario del gobierno promete que Gaza se convertirá “en una ciudad de tiendas de campaña. La aviación israelí bombardea masiva e indiscriminadamente Gaza, y se le dice a la población que se mude a otro lugar. Pero no hay dónde ir. Ni dónde conseguir agua, alimentos, medicinas, electricidad. Es la bestialidad del apartheid en su máxima expresión.

Para terminar, tres coincidencias

Los periodistas y políticos que por estos días atacan a Myriam Bregman por su denuncia de lo que hace Israel, coinciden en tres puntos: a) defienden la política racista de Israel; b) niegan que sea apartheid; c) califican de nazi y antisemita a todo aquel que denuncie al régimen de Israel como lo que es. Desde el poder que les dan los grandes medios, ocultan y bloquean cualquier forma de debate argumentado con evidencia y razones. ¿Y las denuncias de BTselem, de ESCWA, de organismos palestinos de derechos humanos, de Myriam Bregma y un largo etcétera? Pues nada, son antisemitas y nazis, también ignorantes, cuando no hijos de puta” (esto último a cargo del ilustrado Viale). A esto esta gente le llama defensa de la democracia, la libertad y la cultura.

ROLANDO ASTARITA





Carta de presentación del colectivo Léodile Béra

  ...no puede haber igualdad sin libertad ni libertad sin igualdad. Lo uno implica completamente lo otro     Léodile Béra ("André Léo&q...