En el anteproyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud que acaba de aprobar el gobierno, encontramos demasiada propaganda y muy pocos avances.
Carmen San José 29 JUN 2022
Artículo publicado originalmente en EL SALTO
El deterioro de nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) no comenzó con la pandemia, llevaba décadas, si bien el SARS-CoV-2 lo puso de manifiesto de forma clara. Nos habíamos creído que teníamos uno de los mejores sistemas de salud y esto no era cierto. Los recortes presupuestarios más intensos desde el 2012 y con anterioridad las privatizaciones habían dejado los Servicios de Salud de todos los territorios en precario.
A pesar de que el derecho a la protección de la salud se recoge en la CE, la atención sanitaria que presta el Sistema Nacional de Salud (SNS) se ligó al aseguramiento de las personas trabajadoras al aprobarse el Real Decreto 16/2012, dejando excluidos a unas 800.000 personas sin derecho a la sanidad pública. Además con esta norma se crearon copagos que igualmente dificultaban el acceso a tratamientos de los colectivos con menores rentas.
Con la llegada del gobierno de coalición se llevaron a cabo unos acuerdos de gobierno en los que en materia sanitaria, entre otras cuestiones, se pretendía recuperar la situación previa al RD ley 16/2012, es decir la universalidad del SNS, y revisar la Ley 15/1997 que abría la puerta a la privatización del sistema. Aunque ésta ya permanecía abierta desde la Ley General de Sanidad.
Pues bien, las modificaciones que se han introducido en el anteproyecto recientemente aprobado por el consejo de ministros no cumplen con lo que había anunciado el gobierno.
Bien es cierto que el propio acuerdo PSOE-UP no era muy explícito en los puntos en que se trataba la universalidad o la privatización de la sanidad. En el primer caso se hablaba de “impulsaremos y adoptaremos las modificaciones normativas, legales y reglamentarias necesarias para garantizar la efectividad del derecho a la protección a la salud a través del acceso universal al Sistema Nacional de Salud”. Pero esto se decía cuando el PSOE ya había aprobado el Real Decreto 7/2018 que a pesar de reconocer el derecho a la protección de la salud y el acceso universal a la atención sanitaria, continuaba excluyendo y dificultando la obtención de la tarjeta sanitaria para algunos colectivos.
En el segundo caso, sobre la privatización, no bastaba con “revisar la Ley 15/1997”, sino que había por un lado que derogarla, y por otro modificar la Ley General de Sanidad en su artículo noventa, que incluía: “Las Administraciones Públicas Sanitarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán establecer conciertos para la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos a ellas”.
Al final lo que recoge el anteproyecto del gobierno, que obviamente puede ser aprobado, rechazado o reformado en su curso parlamentario en el Congreso, es que “todas las personas no registradas ni autorizadas como residentes en nuestro país que se encuentran en España tienen derecho a la protección a la salud en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española”. Esto supone un avance porque incluye a determinados colectivos que antes no tenían derecho a la atención sanitaria dentro del SNS, como por ejemplo las madres o padres de personas españolas o con permiso de residencia. Sin embargo, no mejoran el derecho a la cobertura sanitaria gratuita para migrantes en situación administrativa irregular que no puedan presentar un informe de servicios sociales que acredite su voluntad de residir en España.
Hay que tener en cuenta que muchas veces no basta con legislar, sino que hay que tener en cuenta la realidad cotidiana de muchas personas, si lo que se quiere es mejorar su situación. Y es que diversos colectivos encuentran obstáculos insalvables a la hora de llevar a cabo los trámites de empadronamiento o para obtener los informes de servicios sociales, que se requieren para obtener la tarjeta sanitaria. A esto se suman las trabas que ponen algunas Comunidades Autónomas, como por ejemplo Madrid. Es por esto que reconociendo el avance, no soluciona el bloqueo a una atención sanitaria gratuita dentro del SNS como recogen y denuncian REDER.
Sobre la privatización de la sanidad pública
El anteproyecto del gobierno modifica la Ley General de Sanidad (LGS) pero no en el aspecto de cerrar el paso a nuevas privatizaciones en el Sistema Nacional de Salud, y por ende en los Servicios de Salud de las CCAA. Se habla de que "la gestión y administración de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de protección de la salud o de atención sanitaria o sociosanitaria podrá llevarse a cabo directamente o indirectamente a través de la constitución de cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas a Derecho”. Continuando en la misma línea se añade que “en el marco de la gestión del Sistema Nacional de Salud, la prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios se llevará a cabo preferentemente mediante la fórmula de gestión directa de carácter público. El recurso excepcional a otras fórmulas de gestión habrá de contar obligatoriamente con una memoria que justifique desde el punto de vista sanitario, social y económico la necesidad de acudir a ellas, teniendo en cuenta, con carácter previo, la utilización óptima de sus recursos sanitarios propios y demás criterios previstos en la presente Ley”.
Es decir, el PSOE no pretende cerrar el paso a las privatizaciones en el SNS, sino encubrir con una nueva fórmula que se pueda seguir privatizando centros y servicios de la sanidad pública, pues nada garantiza que no se pueda realizar una memoria que justifique que los recursos públicos son insuficientes, dado el deterioro al que se han sometido los diferentes Servicios de Salud, en los que ya la norma es entregar fondos públicos para la gestión privada de la sanidad. Porque de hecho eso también lo dice la LGS en el mismo artículo noventa que no derogan: “las distintas Administraciones Públicas tendrán en cuenta, con carácter previo, la utilización óptima de sus recursos sanitarios propios”, lo que no ha impedido que sin la utilización óptima de los recursos públicos, se realicen conciertos, convenios, concesiones, es decir, todo tipo de transferencias de dinero público para beneficio privado.
Por todo ello es previsible que los socios de gobiernos en el transcurso parlamentario traten de modificar el anteproyecto, pues de lo contrario la nueva ley no contará con sus apoyos. ¡Claro! Como en otras ocasiones, el PSOE puede buscar en la derecha los votos que le harán falta para sacar adelante una ley que sigue incluyendo al sector privado con ánimo de lucro en la gestión de la sanidad pública.
Sobre la equidad
No se puede hablar de equidad en el SNS mientras se mantiene a unos 2 millones de funcionarios/as con un régimen de mutalismo que usa mayoritariamente el sector privado y se abona con fondos públicos. No sólo la cuantía que se abona a la sanidad privada es importante (2.246 millones de euros liquidados en el año 2020), sino que supone que una parte de las rentas más altas no están incluidas en la sanidad pública. O lo que es lo mismo, no les afecta el deterioro del SNS, aunque algunos puedan tener responsabilidades en su deterioro.
Bien es cierto que se contempla crear el Fondo de Garantía Asistencial con carácter extrapresupuestario, destinado a compensar a las Comunidades Autónomas por la atención a personas en sus desplazamientos temporales, y “tiene también por objeto garantizar la cohesión y equidad en el Sistema Nacional de Salud”. Esperemos que las cantidades de que se dote este fondo sirvan para paliar tanto los costes de algunos lugares que reciben numerosas personas en la época estival, como para mejorar la inequidad manifiesta en recursos humanos e infraestructuras que se dan en numerosos territorios.
Por último, los escasos avances que supone el anteproyecto, como el garantizar que no habrá nuevos copagos o la ampliación de la salud bucodental, no son suficientes para mejorar la raíz del deterioro de la Atención Primaria, de la Salud Pública o de las plantillas del SNS, y esto lo elude completamente el anteproyecto. No es suficiente con legislar, además hay que tener voluntad política para resolver los problemas reales de una sanidad pública descapitalizada y en vías de ser un nicho de negocio para las multinacionales de la biotecnología, farmacéuticas, del sector servicios y de los datos sanitarios de cuarenta y siete millones de personas.
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