“NO HAY DERECHO A QUE DEJEN MORIR A UNA PERSONA SOLO PORQUE TENGA ALZHÉIMER” (1)

Javier Cordón, miembro de la Plataforma Verdad y Justicia en las Residencias de Madrid

NACE LA PLATAFORMA VERDAD Y JUSTICIA 

EN LAS RESIDENCIAS DE MAYORES DE MADRID

“Mi padre se llamaba Manuel, tenía 87 años y los últimos cuatro estuvo en la residencia Getafe Alzheimer, de Mensajeros de la Paz. Murió el 11 de abril, pero la última vez que lo vi fue el 8 de marzo, el día que cerraron las puertas del centro. 
Casi desde el primer momento, la información que nos suministraban no era transparente. No sabíamos qué estaba pasando, ni cómo estaban nuestros familiares, ni cuántos contagiados había. 

No daban información... 

Mi padre fue uno de los que no llevaron al hospital. Fuimos víctimas de todas esa opacidad hasta que nos enteramos por los medios de que no querían llevar la los mayores a los hospitales. Mi padre no pudo ir por esa prohibición. A lo mejor se hubiese salvado, o a lo mejor no. Pero no hay derecho a que dejen morir a una persona solo porque tenga alzhéimer... 

Estuvo en coma hasta el día 11. Seis días agonizando hasta que falleció. Era Semana Santa y la residencia estuvo todos esos días sin médico... 

Te sientes como un idiota porque piensas que tenías que haberlo sacado de ahí. Eso te carga de un sentimiento de culpabilidad enorme” (2)

Esta larga cita es parte del testimonio con el que empieza el libro del periodista Manuel Rico, “¡Verguenza! El escándalo de las residencias”. En ella se concentra la tragedia y el dolor que supuso para miles de personas la muerte de sus madres, padres, hermanas, hermanos, abuelas y abuelos en situaciones similares; la muerte de personas a las que, por orden del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, se les negó asistencia hospitalaria y compañía.

En la Comunidad de Madrid, durante los meses de marzo y abril de 2020, murieron en residencias 9.468 personas; de ellas, 7291, el 77% del total, lo hicieron sin recibir atención hospitalaria. Unos protocolos emitidos por la Consejería de Sanidad, los días 18, 20, 24 y 25 de marzo, lo impedían. Basándose en ellos se negó el traslado a hospitales a pacientes que sufrían determinado grado de dependencia. Se les negó la posibilidad de ser trasladados a los hospitales públicos; al hospital de campaña de Ifema (De las 3811 personas que fueron atendidas, solo 23 eran provenientes de residencias (3)); a los hoteles medicalizados o a los hospitales privados (salvo que la persona enferma tuviese un seguro privado). Tampoco se medicalizaron las residencias. Es decir, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, privó a un sector de la población madrileña, tal vez la más necesitada, del derecho a ser curados y salvados. Privación que, con toda seguridad, condujo a muchas de esas personas a la muerte.

Los hechos son graves en si mismos y sus dimensiones pavorosas. Todo apunta a que, en la Comunidad de Madrid, hubo una estrecha relación entre la elaboración y ejecución de unos protocolos indignos y el elevado número de muertes. Tal y como lo señalaron distintos testimonios. Por ejemplo, la Directora del centro Geriasa declaró: “si se hubiera podido derivar a los residentes al hospital no hubiera habido tantos fallecimientos, puesto que siendo residencia y no hospital carece de los medios hospitalarios. (4)

En la primera ola de la pandemia murieron unas 20.000 personas en las residencias de toda España. (5)

En Madrid, en los meses de marzo y abril, murieron 9.468 personas; es decir, practicamente la mitad. Tal desproporción requiere una explicación: esta Comunidad tiene el 13,9% de las plazas de residencias de todo el país (52.452 en Madrid y 375.947 en toda España) (6), las muertes en residencias de esta comunidad supusieron más del 47% del total. Igual de escalofriante es el dato de que en dos meses murieron más del 18% de las personas que vivían en las residencias madrileñas.

Las dimensiones de la tragedia también quedan reflejadas en las cifras ofrecidas por Eurostat, según las cuales la región de Madrid pasó de ser en 2019 la de mayor esperanza de vida de toda Europa a ser la número 53, en 2020; bajando en ese año 3,5 años: de 85,8 años a 82,3. (7)

Las personas responsables de decisiones tan graves y trágicas, Isabel Díaz Ayuso y Enrique Ruíz Escudero siguen en sus cargos políticos como si nada hubiese pasado, con enorme poder a la hora de tomar decisiones que afectan a la vida de las personas que vivimos en esta comunidad. No sólo siguen ahí, sino que niegan el derecho de las victimas a que se investigue lo que pasó, e incluso se atreven a negar la existencia de los mencionados protocolos: como se recordará, la victoria del PP, el 4 de mayo del año pasado, llevó a que este partido con el apoyo de Vox liquidase la Comisión de Investigación que había constituido la Asamblea de Madrid.

Jueces y fiscales tampoco parecen muy preocupados por juzgar tan graves hechos. La Fiscalía en su escasa actuación suele afirmar que los protocolos no eran obligatorios, lo que supone negar los hechos. Las querellas deben presentarse de forma individual, lo que explica que estas se encuentren dispersas por los juzgados, a la vez que, se incrementen los gastos económicos de las familias que han dado un paso tan doloroso y costoso emocionalmente. El resultado, en al actualidad, es que de alrededor de 400 querellas, solo se han estimado parcialmente 30, y la mitad están a la espera de que se pronuncie el Tribunal Constitucional.

NECESITAMOS VERDAD Y JUSTICIA

Investigar estas muertes y las causas que las produjeron se justifica solamente por la naturaleza de los hechos -miles de muertes de personas dependientes a las que se les negó cualquiera de los medios de asistencia hospitalaria existentes para el resto de la población-, pero también por las consecuencias que no investigar, no juzgar y no tomar medidas está teniendo y seguirá teniendo en la deshumanización que caracteriza el mundo de las residencias. Hoy, después de tanta muerte, tanto sufrimiento y tanta soledad nada ha cambiado en las residencias: ni la dotación de medios, ni el número de trabajadoras y trabajadores, ni el tamaño de los centros, ni el alto número de centros privados, ni el modelo, ni los responsables de dirigirlas.

NACE UNA PLATAFORMA PARA EXIGIR INVESTIGACIÓN, JUSTICIA Y MEDIDAS CORRECTORAS

Tras dos años sin que el gobierno de la Comunidad, la fiscalía o los jueces hayan investigado tan luctuosos hechos, un grupo de personas hemos decidido buscar los medios para que esto no quede así. Familiares de personas fallecidas y de personas que están en las residencias, residentes, trabajadoras y trabajadores de estos centros, profesionales del derecho, de la sanidad, la salud y los cuidados, de la información, personas expertas en Ética, trabajadoras y trabajadores de la cultura y personas de cualquier condición hemos decidido agruparnos para tratar de implicar a la sociedad civil en lograr que estas muertes y las circunstancias que las rodearon se esclarezcan y se tomen las medidas correctoras pertinentes.

Una sociedad que no reaccione ante la decisión de unos poderes públicos de prohibir que un colectivo social necesitado de apoyo recibiera asistencia sanitaria, lo que ademas pudo ser la causa de la muerte de muchos de ellos, es una sociedad que va camino de la degeneración y del desastre. Sobre todo, porque la sociedad madrileña tiene conocimientos y recursos suficientes como para que, en caso de no lograr que el gobierno de la Comunidad reabra la Comisión de Investigación, organizar una Comisión de Investigación de la Sociedad Civil. Por ello animamos a que cada cual, en función de sus conocimientos y posibilidades colabore con esta plataforma, cuyo medio de contacto es la siguiente cuenta de correo:

justiciadignidadresidencias@gmail.com

(1) Manuel Rico. ¡Vergüenza! El escándalo de las residencias. Editorial Planeta. 2021. Pg. 14
(2) Obra citada. Pg. 15
(3) Obra citada. Pg. 55
(4) Obra citada. Pg.61
(5) Obra citada. Pg. 37
(6) Obra citada. Pg. 378
(7) Telemadrid. “Madrid deja de ser la región con más esperanza de vida de la UE debido a la pandemia”. 1/05/2022